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Piden a la Corte revocar el fallo que anuló la denuncia por violación a la hija de Castillo

DIARIO DE CUYO
La hija de 36 años del exdiputado bloquista Alfredo Castillo reclamó a través del abogado Miguel Dávila Safe ante la Corte de Justicia, para que revoque el fallo (y vuelva el caso a su estado anterior) del tribunal de la Sala II de la Cámara Penal, que anuló la denuncia por violación contra Sebastián Merino (22) y lo liberó, por considerar que no debió ser el exlegislador quien denunciara y sí ella, pues no hay una sentencia de un juez civil que la haya declarado incapaz.
Dicen que fue arbitrario anular sin considerarla vulnerable y sin analizar el caso a la luz de normas sobre violencia de género.


En su recurso ante el máximo tribunal, se tacha la resolución de la Sala II como "arbitraria y violatoria del debido proceso, del derecho de defensa en juicio y sobre todo de los pactos internacionales", a los que adhirió nuestro país, que "amparan a la mujer vulnerable y víctima de violencia de género". Y así el polémico caso sigue abierto.

El otro frente de la polémica lo encabeza el propio Merino a través de su abogado Antonio Falcón. Luego de pasar 136 días preso porque el juez Guillermo Adárvez lo procesó y le dictó prisión preventiva, el joven autorizó al letrado a presentar dos denuncias contra Adárvez. Una que no prosperó por adulteración de documento porque la hija de Castillo puso su firma un día después que su padre. Y otra, aún en trámite, ante el Jurado de Enjuiciamiento, para que lo destituyan.

Merino y la hija del exdiputado se contactaron por Facebook. Y se conocieron en la casa del joven la noche del 2 de abril pasado. En esa noche -relató la joven- él fumó marihuana y ella bebió vino. También sucedió un acto sexual que el propio exlegislador y su hija calificaron como violación, cuyas lesiones fueron constatadas "válidamente" por un médico de la Policía que habló de "penetración intempestiva". Merino dijo públicamente que fue una relación consentida.

En su presentación, el abogado de la hija del exlegislador insistió en que el tribunal no pudo analizar si procedía o no que Castillo sea el denunciante, sin considerar las normas mundiales que le garantizan a la joven el acceso "sencillo y rápido" a la justicia, sin encorsetar su "voluntad y consentimiento" de impulsar la investigación, a un formalismo procesal.

Mucho más aún, cuando esta joven psicóloga estuvo casi 2 años internada y está diagnosticada como víctima de una enfermedad psíquica, grave y permanente ("psicosis de origen incierto") que la lleva a tener una "percepción desviada de la realidad".

También dijo, entre otros argumentos, que la Sala II no debió analizar de oficio quien debía denunciar, porque ese era uno de los reclamos que le llegó en apelación y, por lo tanto, debió conocer la opinión de su parte.
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